Derechos Sociales está negociando un cambio en el modelo de atención a los dependientes. En el último borrador se propone una mejora de las ratios y un periodo de siete años para que los centros ya existentes se adapten a los nuevos estándares. Noticia el Pais
El Gobierno tiene como objetivo avanzar hacia las sujeciones cero, es decir, que los mayores y las personas dependientes que viven en residencias o asisten a centros de día no sean inmovilizados ni sedados para reducir su agitación. Así consta en el último borrador de trabajo sobre los nuevos requisitos que se exigirán a los servicios de dependencia, donde el Ministerio de Derechos Sociales plantea que en un plazo máximo de tres años tras la entrada en vigor de este texto, que aún se está negociando, los centros hayan implementado un plan de atención libre de sujeciones, que contemplará su “supresión total y segura”.
Solo podrán usarse de manera excepcional, cuando no haya ninguna otra alternativa ante un peligro que debe ser inminente. En el documento también se añaden cambios respecto al anterior borrador, como una subida de las ratios de personal en las residencias de mayores, la limitación a un máximo de 50 plazas en las de discapacidad (frente a 90 en las de ancianos) y se propone un plazo para que los centros y servicios actualmente en funcionamiento se adecúen al nuevo modelo: dispondrán de siete años, a excepción de los recursos públicos de gestión privada, en cuyo caso se esperará a que acabe el contrato para implementar las modificaciones.
Que los centros se adapten a la persona
En el documento se plantea un cambio de paradigma: que sean los centros y servicios quienes se adapten a las personas, y no al revés. Lo que se conoce como atención centrada en la persona, un concepto con el que ya funcionan algunos servicios, aunque el panorama es muy dispar. Según el texto, todos los usuarios del sistema de la dependencia dispondrán de un plan personalizado de atenciones, en el que se tenga en cuenta sus preferencias y necesidades.
En residencias de mayores, el tamaño máximo para los centros que se construyan tras la entrada en vigor del acuerdo se fija en 90 plazas, con un 65% de habitaciones individuales, y los ya existentes deberán adecuarse en un plazo de siete años, dividiéndose en unidades independientes entre sí y hasta alcanzar un 35% de habitaciones individuales. En residencias de discapacidad el límite máximo será de 50 plazas. Este era el establecido en un primer borrador para todas las residencias, pero patronales de dependencia se quejaron de que sería insostenible. Habrá unidades de convivencia de un máximo de 15 personas que tendrán un funcionamiento tipo hogar, en donde habrá una cocina, comedor, sala de estar y, preferentemente, acceso a un área exterior, como una terraza o jardín. Deben ubicarse en suelo urbano, promoviendo las relaciones cotidianas con la comunidad.
En cuanto a las ratios, el ministerio propone, en primer lugar, que pasen a calcularse por jornadas completas de trabajo, y no por número de contratados. En segundo lugar, habla de personal de atención directa de primer nivel —auxiliares y gerocultores—, de atención directa de segundo nivel —graduados universitarios de las ramas social y sanitaria— y de atención indirecta, que agrupa al resto de la plantilla.
A principios de febrero, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias mostró su decepción con el anterior borrador en la mesa de diálogo civil, especialmente en cuanto a las ratios. Las consideraban insuficientes y alertaban de que, al pasar a calcularse sobre el número de plazas ocupadas (aunque nunca podrá bajarse del 80%) en lugar del total de plazas, podía ocurrir que hubiera centros a los que en 2023, con la propuesta que se hacía para auxiliares, se les exigiera menos personal que el que se establecía en el acuerdo de 2008. Este último borrador eleva aquella propuesta.
El texto plantea que las ratios vayan escalando en 2023, 2025 y 2027: de 0,35 a 0,43 para gerocultores y auxiliares en residencias de mayores (es decir, 35 o 43 jornadas completas de personal de atención directa de primer nivel por cada 100 residentes), una cifra que para personas con discapacidad se sitúa en 0,42 en 2023 —en el anterior texto ya se preveía 0,50 en 2025—, y 0,50 en 2027.
Ese 0,43 implicaría, para una unidad en que convivan 15 mayores, que habría cinco trabajadores: dos en el turno de mañana, dos en el turno de tarde y uno en el de noche. En atención directa global, es decir, también incluyendo a graduados universitarios como trabajadores sociales o enfermeros, se plantea llegar a 0,51 en 2027 en residencias de mayores y 0,58, de personas con discapacidad.