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Canarias y Extremadura son las dos regiones con mayores retrasos para obtener la valoración del grado de discapacidad, alcanzando un período máximo de 2 años. Así lo revela el reciente informe elaborado por el CERMI. A estas dos Comunidades Autónomas les siguen de cerca Andalucía y Castilla-La Mancha, con un retraso de 18 meses. Las razones principales de esta demora son la escasez de personal y un procedimiento caracterizado por su lentitud y complejidad.
Castilla y León es la Autonomía que mejores datos presenta. Frente a los dos años de demora en Canarias y Extremadura, la Administración castellanoleonesa acumula una espera de cuatro meses. Le siguen País Vasco, con cinco; Melilla, con siete y la Comunidad de Madrid con nueve meses de atraso.
Estas estadísticas se extraen del detallado análisis realizado por el CERMI ESPACIO DIGITAL. El informe se apoya en la información recopilada por las plataformas territoriales, y se ha realizado tras examinar el tiempo medio para obtener la valoración del grado de discapacidad desde que se realiza la solicitud, en distintas Comunidades y Ciudades Autónomas.
El informe también desglosa los datos por provincias y ciudades, destacando que Badajoz, Cádiz, Granada, Albacete, Toledo y Avilés son las áreas geográficas que presentan mayores dilataciones temporales al buscar obtener el grado de discapacidad.
En cuanto al tiempo máximo para emitir resoluciones en 2023, se observa que Canarias y Extremadura lideran la lista con un período de 2 años, seguidos de cerca por Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, con 18 meses.
El informe también incluye una clasificación de las Comunidades y Ciudades Autónomas según el tiempo máximo para obtener la resolución del grado de discapacidad, además de detallar la formación política que gobierna en cada territorio.
El mapa presentado en el informe refleja que el 94,74 % de los territorios señalan la escasez de personal como la causa principal de la demora, mientras que el 78,95 % atribuye la tardanza a la existencia de procedimientos lentos y complejos. Según el informe, la insuficiencia de centros no se presenta como una causa tan determinante, representando solo el 36,84 % de los casos.
Ante estos hallazgos, el CERMI ha anunciado que enviará el informe al Defensor del Pueblo con la solicitud de una investigación sobre estas dilaciones, que generan un significativo perjuicio para las personas con discapacidad y sus familias, dado que la valoración del grado de discapacidad es crucial para acceder al sistema de apoyos y prestaciones de las Administraciones Públicas en España.
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